El proyecto de ‘Paz Total’ aprobado la noche de este miércoles en el Congreso de la República contempla dos posibilidades: negociaciones políticas con grupos al margen de la ley, como el proceso que se hizo con las FARC en La Habana; y lo otro sería el acercamiento con estructuras armadas organizadas para el acogimiento a la justicia, pero sin diálogo político.

Así lo declaró a Blu Radio el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien explicó que un equipo de diálogo encabezado por el presidente de la República, será el que determine qué tipo de tratamiento se le dará a cada organización armada.

“No personalizamos, nuestro problema no se llama ‘Iván Márquez’, sino la violencia. La ley crea una comisión, que la integrará el ministro de Defensa, el director de inteligencia y el Alto Comisionado para la paz, orientada por el presidente de la República”.

Añadió que si se trata de una organización criminal, deberá desarrollarse un sometimiento por la vía judicial.

“Si le reconocemos el estatus político avanzará hacia el diálogo político y el acuerdo de paz”, precisó.

Prada afirmó también que las disidencias de las FARC podrían tener tratamiento político.

“Lo pueden tener. Claramente pueden tener tratamiento político. Hay alguna probabilidad de que reúnan los requisitos,  pero quién toma la decisión es la comisión de alto nivel y finalmente el presidente de la República”.

Sin embargo, en el caso de ‘Iván Márquez' aclaró que no se puede negociar en condiciones iguales con quien ha traicionado un proceso de paz.

Prada fue enfático en señalar que los acuerdos de paz con las FARC “no se tocarán”, se respetarán y que el compromiso del Gobierno es cumplirlos, pues, en virtud de que son una política de Estado.

“Cuando incorporamos el concepto de ‘paz total’, como paz de Estado, es respetar el entorno de lo que allí se decidió. Nuestro compromiso es cumplirlos. Quedan vinculados a los planes de desarrollo”, precisó.

Prada manifestó que no habrá impunidad, sino por el contrario, estos procesos incluyen justicia transicional.

"No vamos hacía un proceso de impunidad, al contrario, aquí es un proceso que tiene un camino de diálogo hacia organizaciones políticas con acuerdo de paz, que incluye justicia transicional y un procedimiento de sometimiento a la justicia que implica ir hacia el procedimiento penal, con penas establecidas. Será el Congreso, en una nueva ley, el que determine qué tipos de penas se pueden dar”, concluyó.